El hueco siempre gana

Estas semanas el Caribe volvió a hablar de lo mismo: la luz se va, las protestas, los operadores. En esta misma emisora, dos columnas se atrevieron a ir más al fondo. José Antonio Larrazábal escribió que las regalías deberían dejar de medirse por su ejecución y empezar a medirse por su impacto. Miguel Durán le respondió, le dio la razón en lo esencial y agregó algo que pocos dicen en voz alta: que buena parte de la mala inversión nace de un círculo vicioso de la política regional.

Coincido con los dos, de raíz. Larrazábal lo dejó en una frase que debería estar pegada en la pared de cada alcaldía:

Podemos tener recursos formalmente ejecutados y, aun así, una ejecución pública deficiente.

Ese es, exactamente, el problema. Y quiero sumar a esa conversación una pieza que todavía no hemos puesto sobre la mesa. Estamos de acuerdo en que la plata se gasta pero no cambia la vida de la gente; falta ponerle nombre a otra de las razones. Y eso lo viví desde adentro.

La otra cara de la moneda

Un hueco en la vía principal genera quejas todos los días. Llaman a la alcaldía, lo publican en redes, paran al funcionario en plena calle. La desnutrición de un niño en una vereda no es igual: nadie protesta por ella, no aparece en ninguna red social. Existe en silencio, hasta que un día se vuelve una cifra que casi nadie estaba mirando.

Entonces se arregla el hueco. Casi siempre se arregla el hueco.

No porque importe más. Porque grita más fuerte.

Conozco el trabajo de algunas entidades públicas, y esa tensión la viven más veces de las que quisieran. Los alcaldes llegan con la lista completa de lo que el municipio necesita: cuarenta problemas reales y presupuesto para diez. Y en esa mesa, sin nadie que mida el daño verdadero de cada problema, siempre gana el que hace más ruido. No por mala fe, por pura gravedad: lo urgente empuja, lo importante espera. Ese es el punto ciego: se decide mirando el ruido, sin que nadie lo impida.

El informe dice 95 %, la gente dice que nada cambió

Los indicadores con que evaluamos a un municipio miden cuánto se ejecutó, no cuánto cambió la vida de la gente. Una alcaldía puede cerrar el año con el 95 % del presupuesto ejecutado, recibir una buena calificación y colgar la foto de la inauguración. Y a tres cuadras, o a tres veredas, una familia sigue caminando dos horas por agua, un niño sigue comiendo mal, un muchacho se quedó sin dónde estudiar.

El informe dice que todo salió bien. La gente dice que nada cambió.

Los dos tienen razón al mismo tiempo, y ahí está el problema. Porque el Estado exige que los recursos salgan, que se ejecuten. Y cuando la regla premia gastar a tiempo, es apenas lógico que la plata se vaya a lo más visible y no a lo que más duele. La obra se inaugura con honores; dos años después nadie la recuerda. No porque fuera mala, sino porque respondía a una necesidad que se veía, no a una que alguien se tomó el trabajo de medir en la piel de la gente.

Por eso Larrazábal tiene toda la razón cuando pide reformar las regalías con la mirada puesta en el valor público. Pero cualquier reforma se queda corta si arriba seguimos premiando la ejecución. Mientras el nivel central evalúe cumplimiento en vez de transformación, cada alcalde va a seguir reportando que cumplió sin poder demostrar que le cambió la vida a alguien. No porque no quiera: porque el sistema le está pidiendo la métrica equivocada.

Hasta aquí, el diagnóstico lo compartimos varios. La pregunta que casi nadie responde es cómo se mide el impacto sin volverlo otra burocracia. Y la respuesta es más simple de lo que parece: hay que ir a preguntarle a la gente.

El dato que de verdad importa no está en el informe de ejecución, está en la gente: en cuántos niños siguen desnutridos, cuántas familias siguen sin agua, cuántos muchachos se quedaron por fuera del colegio este año, cuántas escuelas deportivas o culturales hay en el barrio, qué tal está funcionando el alumbrado público, cuántos emprendimientos nuevos han surgido este mes. Esos datos se pueden recoger caminando el territorio, y cambian por completo la conversación de una alcaldía, porque obligan a hablar de vidas y no de pesos ejecutados.

Por eso no hace falta esperar una gran reforma para empezar. El primer paso no es un tablero de control ni un contrato con una consultora. Es una decisión: que cada secretaría escoja el problema que más le duele a su comunidad, no solo el que más suena en consejo de gobierno; que cada sectorial lo mida con la propia gente y se comprometa a revisarlo cada tres meses con una sola pregunta encima de la mesa: ¿se movió o no se movió la vida de las personas? Eso solo ya le cambia el eje a una administración: de cuánto ejecuté a cuánto cambié.

Y al nivel central, una sola petición, con respeto: que a la evaluación de cuánto se gastó le sume indicadores de vida. No cien; cinco o seis que importen de verdad. Lo suficiente para que un alcalde que sí le cambió la realidad a su gente pueda demostrarlo, y no quede como el que solo gastó a tiempo. Esa es la reforma que le daría dientes a lo que piden Larrazábal y Durán.

Que administrar bien vuelva a ser una aspiración

Termino con lo que, en el fondo, me mueve a escribir esto. Hace falta volver a creer. Muchas comunidades del Cesar dejaron de esperar resultados de sus alcaldes; vieron pasar tantas promesas sin impacto que la desconfianza se les volvió costumbre. Y eso no se revierte con más discursos, solo mostrando resultados.

Ese es el país que hay que ayudar a construir: uno donde un alcalde quiera ser recordado por lo que le cambió a la gente y no por sus inauguraciones. La energía del Caribe es urgente, sí, y hay que exigirla. Pero esa pelea no puede taparnos la otra, la silenciosa: la de dejar de medir la plata que sale y empezar a medir la vida que cambia.

Así que le dejo la misma pregunta que me hago yo, y que creo que deberíamos poder hacernos todos sin miedo, del alcalde al ciudadano que vota: